La Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha valorado positivamente la resolución emitida por Puertos Canarios que exime del pago de tasas a los usuarios de los pantalanes del puerto de La Restinga durante el ejercicio 2026, una medida que, según la formación, responde a una reivindicación que ha venido defendiendo en los últimos años en relación con el uso de esta infraestructura.
Desde AHI señalan que durante este tiempo han denunciado lo que consideran una situación injusta para los usuarios de los pantalanes, al entender que se estaban cobrando tasas por unos servicios que, debido al estado de las instalaciones y a las obras en ejecución, no se estaban prestando en condiciones adecuadas. Entre las dificultades mencionadas figuran la falta de suministro eléctrico y de agua, los cambios de atraque y las limitaciones operativas derivadas tanto de las obras como de la situación migratoria.
La formación indica que, a lo largo de este periodo, ha presentado diversas iniciativas y propuestas orientadas a corregir esta situación, sin que hasta ahora hubieran prosperado.
Según explica AHI, el cambio se produjo durante la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, cuando el diputado herreño de la formación, Raúl Acosta, presentó una modificación legislativa destinada a permitir que Puertos Canarios pudiera eximir del cobro de tasas a los usuarios en aquellos casos en los que los servicios portuarios no se estuvieran prestando en condiciones adecuadas.
De acuerdo con la organización política, esta modificación fue finalmente aprobada e incorporada al texto legal, lo que ha permitido que Puertos Canarios adopte ahora la resolución que exime del pago de estas tasas a los usuarios del puerto de La Restinga durante el presente año.
Desde AHI consideran que esta decisión supone un paso relevante para los usuarios de esta infraestructura portuaria. No obstante, la formación señala que ahora corresponde comprobar que la exención se aplique de forma efectiva y que no se vuelva a cobrar a los usuarios por servicios que, según indican, no se prestan en condiciones adecuadas.
