El Gobierno de Canarias ha articulado una serie de medidas dotadas con 7,2 millones de euros para apoyar al sector primario e industrial de las Islas ante el encarecimiento del transporte y los insumos derivado del conflicto en Oriente Medio. Esta iniciativa forma parte de un paquete de actuaciones financiadas con un total de 29,8 millones de euros, ampliable hasta los 60 millones anuales en caso de que se prorrogue la crisis bélica, y que incluye también otras medidas como la reducción del IGIC sobre combustibles o la aplicación temporal del tipo 0% a productos básicos.

Durante una intervención en el Parlamento de Canarias, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, explicó que el decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno contempla ayudas específicas para la agricultura, la ganadería y la pesca, con un presupuesto inicial de 3,6 millones de euros. Según detalló, esta cantidad podrá ajustarse en función de las necesidades que se detecten tanto en el sector primario como en el industrial, donde también se incluye de forma específica a la agroindustria.

En el ámbito agrícola, el Ejecutivo autonómico destinará 1,74 millones de euros para compensar el sobrecoste de los insumos de producción. Estas ayudas oscilarán entre 50 y 222 euros por hectárea, en función de la isla en la que se ubique la finca y del tipo de superficie, con especial atención a las islas no capitalinas, que soportan mayores costes.

Para el sector ganadero, la partida prevista asciende a 1,31 millones de euros con el objetivo de paliar el encarecimiento de los piensos. En este caso, se establece un límite de 150.000 euros por persona beneficiaria y se contempla, además, un porcentaje adicional para las explotaciones situadas en islas distintas de Tenerife y Gran Canaria.

En cuanto a la pesca, se destinarán 540.726 euros a atender los sobrecostes logísticos y energéticos que afronta el sector. Las ayudas podrán alcanzar hasta 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador.

Durante su intervención, Quintero señaló que la crisis bélica en Irán obliga a “actuar con rapidez, recursos y con un reconocimiento real de nuestras singularidades para defender a nuestro sector primario con garantías”. En este sentido, indicó que en un territorio ultraperiférico como Canarias “no caben respuestas genéricas” y defendió la necesidad de poner en marcha instrumentos adaptados a la realidad del Archipiélago.

El consejero recordó que el decreto aprobado incorpora medidas como el IGIC cero a los combustibles y productos básicos, así como el refuerzo de la devolución del impuesto sobre combustibles para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas. También subrayó que el Ejecutivo canario ha solicitado al Estado actuaciones complementarias para reforzar la respuesta económica y social ante esta situación.

Entre las medidas reclamadas al Estado figuran la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura, así como actuaciones orientadas a reforzar la competitividad del Archipiélago, como el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y el aumento del límite de ayudas de minimis.

Quintero también se refirió a los principales efectos del conflicto sobre la economía canaria, entre ellos el aumento de los costes ganaderos por la subida de las materias primas para la elaboración de piensos, el encarecimiento de fertilizantes y productos químicos en agricultura, y el incremento del coste del transporte, condicionado por la dependencia del tráfico marítimo y el alza de los combustibles.

A ello se suma, según expuso, la incertidumbre sobre la exportación de determinados productos. Elaboraciones como el queso y el vino, que se comercializan en territorio estadounidense, se ven afectadas por la inestabilidad en las relaciones comerciales y por el aumento de los costes logísticos.

Estas acciones específicas se integran en un paquete general de ayudas que incluye la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, el incremento hasta el 99,99% de la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, y la subida hasta los 50.000 euros del límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC.

Además, el Ejecutivo autonómico ha trasladado al Estado un conjunto de medidas suplementarias para reforzar la respuesta frente a esta coyuntura. Entre ellas figura una medida de apoyo al sector platanero que plantea cubrir el 100% del coste del transporte, una acción recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que, según se indicó, no se está cumpliendo en la actualidad.

También se ha solicitado la flexibilización de las reglas fiscales para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas extraordinarias, la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible, la reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la creación de un fondo específico para los sectores productivos más vulnerables.

Por último, desde el Gobierno de Canarias se ha planteado la necesidad de crear un reglamento específico que permita actuar al margen de lo establecido por la normativa europea de minimis, o bien elevar sus umbrales. En el caso de la agricultura, el límite actual se sitúa en 50.000 euros por beneficiario en tres ejercicios fiscales, una cuantía que, según se expuso, no se ajusta a las necesidades derivadas del conflicto ni a la realidad del Archipiélago.